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Corte Suprema deja en acuerdo fallo por invalidación de permisos de edificación en Estación Central
Inmobiliarias recurrieron al máximo tribunal del paÃs luego que la Corte de Apelaciones ratificara la decisión de la ContralorÃa que declaró ilegales una serie de autorizaciones para levantar grandes edificios en dicha comuna.
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La Corte Suprema dejó en acuerdo el fallo que zanjará la disputa por la invalidación de una serie de permisos de edificación en Estación
Central. Esto, luego que un grupo de inmobiliarias recurriera ante el máximo tribunal del paÃs tras el fallo de la Corte de Apelaciones, que ratificó la decisión de la ContralorÃa, que dictaminó que 49 proyectos inmobiliarios en la mencionada comuna obtuvieron su permiso desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) «en contravención a la normativa aplicable», por lo que ordenó invalidar los documentos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una «vulneración de garantÃas fundamentales» y una afectación al «derecho a desarrollar una actividad económica lÃcita». No obstante, en su fallo, la Corte de Apelaciones dijo que no hubo «privación, perturbación o amenaza» de las garantÃas constitucionales.
Tras esto, las empresas recurrieron a la Suprema para intentar revertir el fallo. «La sentencia apelada debe ser revocada, porque desatendió el evidente carácter ilegal y arbitrario del dictamen impugnado, que conculcó el legÃtimo ejercicio, por parte de los recurrentes y mis representadas, de sus derechos a desarrollar una actividad económica lÃcita; también vulneró su derecho de propiedad, el derecho a un debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley», dijo Tatiana Arriagada, procurador común de las empresas Ingevec, Euro y Placilla, en su escrito presentado en la Suprema.
Por su parte, Mauricio Viñuela, procurador común de las inmobiliarias Fortaleza y Nogales, entre otras, sostuvo que el dictamen de la ContralorÃa es una «amenaza grave» para los permisos de edificación de las empresas, aún para aquellas cuyos proyectos sà están pudiendo avanzar.
«Si existe un pronunciamiento obligatorio y vinculante de la ContralorÃa, que afirma que los permisos son irregulares e ilegales, es altamente probable que todos esos proyectos enfrenten graves problemas en el futuro, por ejemplo, al pedir la recepción de obras, comercializarlos, entre muchos otros. ¿Se imagina SS. Excma. a algún banco otorgando financiamiento hipotecario en base a una garantÃa que en cualquier momento puede ser derrumbada por la autoridad?», señaló.
Además, el abogado sostuvo que, a la fecha, existen terrenos baldÃos sin utilizarse, obras paralizadas, contratos terminados, financiamientos suspendidos y castigados, y «multimillonarias inversiones» con riesgo de perderse definitivamente.
Sobre este último punto, la Asociación Nacional de Revisores Independientes, que también recurrió a la Suprema, señaló que el fallo del tribunal de alzada incurrió en «graves errores jurÃdicos», que, según dijo el gremio, «ponen en grave peligro la estabilidad del sistema legal y afecta la certeza jurÃdica».
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de ContralorÃa, solo considerando edificios ya iniciados, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más 15 mil trabajadores.
Fuente: DConstrucción