Corredores de propiedades: avanza proyecto de ley que crea registro público que ordena este mercado

En el centro del debate de esta iniciativa está el carácter obligatorio o voluntario del registro. Mientras gremios del rubro buscan que sea obligatorio, en el Gobierno han advertido que la lista de acreditados no debe ser vista como garantía implícita de buen servicio.

Comprar la anhelada casa propia puede ser une experiencia estresante. Juntar el pie necesario, lograr la aprobación del banco que aportará el crédito, y en general mucho papeleo forman un cóctel que puede estresar a cualquiera. Por eso, cuando se trata de un inmueble usado, es posible que vendedores y compradores recurran a la ayuda del corredor de propiedades, quien cobrará una comisión por su trabajo de intermediación.

El mercado de compraventa de viviendas usadas mueve en Chile unos 200 millones de UF al año, unos US$ 8 mil millones, según calculan asociaciones de corredores de propiedades, con datos de Conservadores de Bienes Raíces. En total, son unas 300 mil transacciones de compraventa al año, dos tercios de ellas en la Región Metropolitana. Eso, sin considerar todo el flujo de recursos que se mueve en el área de arriendo y administración de inmuebles.

Ese es el mercado que busca regular el proyecto de ley en trámite que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, al alero de la Subsecretaría de Economía, y establece exigencias de formación para inscribirse e intermediar en estas operaciones comerciales.

La iniciativa, surgida en una moción parlamentaria de 2015, logró un apoyo transversal en la Cámara a fines del año pasado. Hoy se encuentra en su segundo trámite en la Comisión de Economía del Senado, hasta donde han desfilado varias organizaciones de corredores que abogan por retornar al objetivo original: contar con un registro público electrónico de corredores de propiedades, cuya inscripción sea obligatoria para quienes ejercen esta actividad. En la Cámara esa idea fue desechada en acuerdo con el Ejecutivo.

El martes 14, en la comisión siguió el debate de indicaciones. Hasta ahora hay consenso en que si el registro es voluntario, se exija que solo puedan usar el nombre de corredores de propiedades quienes se inscriban en él y que la normativa sea parte de la Ley de Protección al Consumidor como una prestación de servicios, dejando el registro en manos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Reglas del juego para todos

Actualmente, cualquiera puede ejercer como corredor de propiedades, incluso sin oficina. No hay regulaciones, salvo el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se calcula que 10.800 entidades -personas naturales o jurídicas- se dedican al rubro, ya sea en forma permanente o esporádica. Otras estimaciones elevan la cifra a 15 mil.

Los reclamos al Sernac, principalmente por incumplimiento de contrato, entre 2016 y febrero de 2018 llegaron a 889 y se concentran en más de 60% en la Región Metropolitana. Pero, además, la PDI realiza todos los años campañas para alertar sobre arriendos de cabañas y departamentos vía internet en que se exigen anticipos y luego se descubre que es una estafa.

Ante ese escenario, la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP) viene hace diez años planteando a las autoridades la urgencia de reponer un registro público habilitante para ser corredor de propiedades, similar al que existió desde 1944 hasta los años 80, según cuenta su presidente, Carlos Antúnez.

ACOP, con 75 años de existencia, aboga por reglas del juego comunes para todos: que haya pago de patentes, oficinas, impuestos y se cumpla con la normativa vigente, como informar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y al SII sobre rentas anuales por arriendos de propiedades.

Según explica el dirigente de ACOP, no son más de 900 los afiliados en el gremio y se desconoce cómo opera el resto. "Al ser un registro voluntario, deja abierta la posibilidad de que esta actividad siga desarrollándose de manera informal", advierte. No obstante, cree que si no se logra que sea obligatorio, legislar dará una señal a los consumidores para que prefieran los corretajes registrados.

Coincide el presidente del Círculo de Corredores de Propiedades, Nicolás Gumucio, quien es gerente general de toctoc.com, empresa vinculada a la Cámara de la Construcción, que reúne a los principales actores del rubro, con más de 180 oficinas de corretaje que representan el 40% del mercado. "Estamos trabajando para mejorar la percepción de la industria, que es muy mala. A todos nos parece excesivo el pago ante la cantidad de trabajo que hubo", dice, en alusión a su propia encuesta, que reveló que la mayoría de las personas, el 63%, ha tenido una mala experiencia con las corredoras.

"Si soy un corredor que estoy en un registro, eso vale, me acredita; al estar ahí tengo mejores competencias que la persona que no lo está y puedo asesorar mejor", afirma Gumucio. Tal vez no se llegue a una inscripción obligatoria, admite, pero cree muy relevante que los usuarios sepan que hay una capacitación de por medio.

Proteger a los consumidores

Para Gumucio, lo esencial en la futura ley es que si hay un registro público, "se difunda y se defiendan los intereses de las personas que venden y compran y no los de los corredores".

También lo cree así el director de bienisimo.cl, Christian Rodiek, cuya empresa se dedica a asesoría inmobiliaria solo a compradores. Coincide en la necesidad de un registro público, aunque sostiene que se debe avanzar a la división de los corredores como en Estados Unidos, donde hay agentes vendedores y agentes compradores y cobran a la parte que representan. "Aquí el corredor es juez y parte, muestra la propiedad y actúa en favor de la parte que vende y no del comprador. Hay un conflicto de interés: le interesa un mayor precio y una mayor comisión", sostiene Rodiek, quien hará llegar a la comisión su opinión.

HASTA AHORA hay consenso en que, si el registro es voluntario, se exija que solo puedan usar el nombre de corredores de propiedades quienes se inscriban en él.

Nieves Aravena El Mercurio