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Vivienda subsidiará 2 nuevos proyectos de “inmobiliarias populares”

24.02.2018

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Se emplazarán en las comunas de Independencia y Santiago. En marzo habrá otro cierre de iniciativas.

 

En cuatro años, la demanda por subsidios de arriendo ha crecido más de un 100% y la oferta sólo un 34%.

 

Este es uno de los principales diagnósticos que realizó el Ministerio de Vivienda para crear una nueva línea en su programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49, que permite subsidiar a municipalidades y entidades sin fines de lucro (ONGs, Fundaciones y Cooperativas) para la construcción de viviendas destinadas exclusivamente a arriendos de familias vulnerables, más conocidas como “inmobiliarias populares”.

 

Ya hay dos proyectos aprobados y que serán emplazados en las comunas de Recoleta y Santiago. Esta última se adjudicará un segundo proyecto, tras un nuevo llamado que realizó el Minvu, por un total de 50.000 UF (más de $ 1.300 millones). A esta se suma la comuna de Independencia que también resultará beneficiada.

 

Así lo confirma la ministra del ramo, Paulina Saball, quien indica que para este segundo llamado “vamos a cerrar la primera etapa del segundo llamado con los proyectos de las comunas de Independencia y Santiago. De todas maneras, este llamado finaliza en marzo, donde esperamos se presenten más iniciativas”.

 

Modelo del subsidio

 

Dado que la demanda por arriendos es más alta que la oferta actual, desde el Minvu realizaron un análisis comparativo para poder llegar a un programa que tuviera un impacto directo en las familias, dice Saball, acompañado de una buena localización de las viviendas a arrendar, normas de salubridad y mejorar la calidad de vida de los arrendatarios.

 

Para eso, señala, observaron los modelos de de Francia e Inglaterra, donde la subsidariedad, complementada con planes de gestión y administración, ha tenido efectos positivos.

 

En el caso de Chile, el gobierno presentó este plan en la glosa presupuestaria del erario 2017 y 2018, que permite subsidiar la construcción completa de edificios o condominios (con un máximo de 70 viviendas), con un mínimo de 140 UF ($ 3.765.860) por vivienda de 35 metros cuadrados (1 dormitorio) y un máximo de 600 UF ($ 16.139.400) por vivienda de 65 metros cuadrados (4 dormitorios).

 

En estos casos, el valor del suelo ya está incorporado, dado que son terrenos fiscales (a comodato por 30 años) o de los mismos municipios. Quienes postulan a este subsidio, además, están obligados a arrendar las viviendas del inmueble por 30 años.

 

Para entregar estos subsidios hay etapas que se deben cumplir. “Cuando se revisan los proyectos, se evalúa la construcción que se va a hacer (material), la calidad, localización, iluminación, el plan de gestión que presenta el municipio o las ONGs, el plan de administración (si va a tener uno o más administradores), el precio del arriendo, los mecanismos de selección de las familias arrendatarias, y fiscalización, entre otras”, explicó Saball.

 

En el caso de las familias que desean postular a estos “arriendos sociales” deberán cumplir los requisitos del Subsidio al Apoyo al Arriendo DS 52. Sin embargo, los futuros arrendatarios no recibirán dicho subsidio, ya que existen parámetros de valores establecidos por el Minvu para el cobro del alquiler.

 

Por ejemplo, el mínimo de renta a pagar será de 2 UF ($ 53.798) por una vivienda de un dormitorio y el máximo de 5,5 UF ($ 147.944) por una vivienda de 4 dormitorios.

 

Para la selección, indicó la ministra de Vivienda, los municipios u ONGs podrán colocar requisitos adicionales, siempre cuando hayan sido expuestos en el plan de gestión del proyecto, por ejemplo, que sean sólo vecinos de la comuna.

 

Frente al cambio de gobierno, y debido que el programa depende de una glosa presupuestaria, la ministra Saball reconoció que la futura administración “pudiera desestimar la continuidad de éste”, pero confía en el compromiso adquirido por los parlamentarios.

 

ONGs aún no presentan proyectos

 

Uno de los principales desafíos que presenta esta iniciativa es incentivar la participación de las organizaciones sin fines de lucro, que hasta ahora no se han presentado a ninguno de los dos llamados.

 

Por ello, la ministra se reunió con un grupo de éstas (Hogar de Cristo, Techo y Servicio Jesuita a Migrantes) para explicarles el modelo e invitarlos a postular, pero Saball reconoció que aún hay desafíos al respecto.

 

“El problema que nos han expresado es el acceso a terrenos, pero estamos recién empezando, veremos cómo se resuelve. Queremos que los Serviu que tienen terrenos bien emplazados, los pongan a disposición y llamen a un concurso entre instituciones”.

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